Finales de 1996, el presidente Marius Duran asegura que si la Unió Esportiva Lleida SAD no consigue un crédito de 400 millones de pesetas, el club desaparece sin poder llegar al mes de diciembre. Automáticamente, se activa el interés de diferentes empresas y personalidades vinculadas al mundo de los medios de comunicación y el deporte, entre ellos la empresa Gestora de Medios Audiovisuales, la cual controlaba la cadena de televisión Antena 3.
Gestora de Inversiones Audiovisuales era una empresa española dedicada exclusivamente a operar canales de televisión como Antena 3, y que controló con el paso del tiempo hasta cinco señales más: La Sexta, La Sexta 3, Xplora, Gol Televisión y La Sexta HD. Ya en 2012 pasó por un proceso de fusión por absorción con el Grupo Antena 3, pasando a formar parte de Atresmedia.
Junto al interés de la Gestora de Inversiones Audiovisuales también llegó el de Jaume Llauradó, presidente del Fórum Samitier de Barcelona por aquel entonces. De hecho, el empresario ya había mostrado interés en la compra de acciones del club la temporada 1995-1996. «Primero queremos conocer los resultados de la auditoría del club para poder obrar en consecuencia».
Gestora de Inversiones Audiovisuales se hizo finalmente atrás en su interés, y el Lleida cambió hasta cuatro veces de propietario en un año y medio, ya que el 62% de las acciones que tenía el Ayuntamiento fueron compradas por Jaume Llauradó, por un precio simbólico de 10 pesetas cada una y cuando este fracasó en su intento de dirigir el club, el paquete volvió a manos del anterior consejo. Finalmente, sería Tatxo Benet, exjefe de Deportes de TV3, que se hizo con el paquete mayoritario de acciones, el 62%, de la sociedad Gestió Esportiva de Lleida, SL, creada expresamente para gestionar la entidad deportiva más representativa de la provincia de Lleida. Benet tuvo así el 51 % de las acciones y el resto se repartió entre los profesionales y empresarios que apoyaban el proyecto.
Las cosas fueron a mucho peor y en 2010 se declaró en concurso de acreedores después de registrar una deuda de 28 millones de euros. Anabel Junyent se convertiría en la última propietaria del Lleida el 25 de junio de 2010 tras adjudicarle el juzgado mercantil la unidad productiva derivada de la liquidación de la Unió Esportiva Lleida. Pocos días después, la UE Lleida declaró su concurso de acreedores en un último intento para reflotar la empresa. Sin embargo, la nueva directiva no entregó un plan de viabilidad en el plazo previsto.
En el informe realizado para el concurso de acreedores, se estableció la deuda total de la entidad en 28 millones de euros, de los cuales la mitad correspondían a deudas con la seguridad social. Pero como no se entregó el plan de viabilidad, se decretó la liquidación de la Unió Esportiva Lleida y su desaparición. El último partido que disputó fue el 15 de mayo de 2011 contra el CE L’Hospitalet. Cuando terminó la temporada, se puso su plaza en Segunda B a subasta. Un grupo inversor liderado por empresario local Sisco Pujol la adquirió y creó como sustituto el Club Lleida Esportiu.
En 2015, el Juzgado Mercantil de Lleida declaró fortuito el proceso concursal en el que entró en 2011 la desaparecida Unió Esportiva Lleida y del que la Fiscalía consideraba responsables a dos consejeros del club, Josep María «Tatxo» Benet y Nacho Rivadulla, que han sido absueltos.
Según señaló el juez en su sentencia, el administrador concursal consideraba el concurso de acreedores como culpable, basándose en la demora en la solicitud del mismo y en ciertas irregularidades relevantes detectadas en la contabilidad del club, y responsabilizaba de ello a los ocho consejeros del club. Por su parte, el Ministerio Fiscal consideraba culpables solo a dos de los consejeros, Benet y Rivadulla, alegando las mismas causas, y pedía para ellos el pago de 10 millones de euros y una inhabilitación de 2 años.
Para llegar al veredicto de exculpación, el juez señaló que, en cuanto a la demora de la solicitud del concurso, que no existió como tal, ya que las únicas deudas que no pagaba la UE Lleida eran las que tenía con las administraciones públicas y estas no realizaron, antes del concurso, las acciones que tenían a su disposición para cobrar.
